CÁRITAS ESPAÑOLA DEFIENDE EL DERECHO
A LA SALUD DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
A LA SALUD DE LAS PERSONAS MÁS VULNERABLES
La Comisión Permanente analiza las consecuencias
de la reforma sanitaria aprobada por el Congreso
sobre el derecho a la salud de las personas más desprotegidas
de la reforma sanitaria aprobada por el Congreso
sobre el derecho a la salud de las personas más desprotegidas
Cáritas. 21 de mayo de 2012.- En su reunión ordinaria celebrada
el pasado viernes, 18 de mayo, los miembros de la Comisión Permanente de
Cáritas Española han reflexionado sobre el derecho a la salud y las
consecuencias sobre el mismo del “Real
Decreto Ley 16/2012, de 20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la
sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad
de sus prestaciones”, aprobado la víspera en el Congreso de los Diputados.
La Comisión se ha hecho eco de
la honda preocupación suscitada en el seno de la Confederación Cáritas por el
impacto que va a tener en las personas a las que acompaña la aplicación de esta
reforma, sobre la que días atrás se manifestaba también Cáritas Europa y otras
organizaciones en la declaración “El acceso a
la asistencia sanitaria es un derecho humano básico”.
En respuesta a esta inquietud y
ante la constatación de las situaciones de desprotección que ya están
detectando muchas Cáritas, la Comisión Permanente ha alertado del riesgo de que determinadas decisiones se puedan estar
llevando a cabo sin evaluar previa y suficientemente el impacto de
dichas medidas sobre el sistema de garantía de derechos en el que se sustenta
nuestra sociedad, ni su repercusión en los ciudadanos más vulnerables, de los
que el Estado también es garante.
La Comisión opina que la reforma supone un cambio de modelo que afecta fundamentalmente a las personas más
desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios
(modificando los requisitos para obtener autorización de residencia), aumentando
la estigmatización de los colectivos más vulnerables y con mayor riesgo de
exclusión social (como jóvenes desempleados, personas afectadas por
enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de
entornos rurales), así como de los ciudadanos extracomunitarios en situación
irregular.
En ese sentido, ha indicado que la exclusión del
sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va a añadir
un sufrimiento muy severo a un colectivo especialmente vulnerable y muy
presente en la acción diaria de Cáritas, que no puede ser sacrificado con el
argumento de la eficiencia. Recuerdan, además, que el incremento de la
irregularidad sobrevenida por la falta de empleo y la dificultad en la
renovación de autorizaciones o de acceso al arraigo hace que el colectivo de
personas en esta situación crezca cada día.
Los miembros de la Comisión muestran también una especial preocupación ante
la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia y mujeres en
situación de trata con fines de explotación sexual en situación
irregular, ya que su exclusión del sistema agrava y dificulta la prevención,
detección, asistencia y protección de las víctimas, que, además no podrán
aportar pruebas imprescindibles para que, en su caso, un tribunal pueda o no
disponer una orden de alejamiento del agresor o una medida de protección a la
víctima, poniendo en riesgo su seguridad y la de sus familias.
El riesgo de precariedad aumenta, asimismo, tanto en los casos de las personas afectadas por una discapacidad
con elevado deterioro de la autonomía, como en los enfermos crónicos o los que necesitan tratamiento oncológico, sobre todo porque se corre el riesgo de la
aplicación de criterios dispares por parte de las CC.AA., lo que propiciaría la desigualdad en función del
lugar de residencia, especialmente en el caso de las personas que habitan en el medio rural.
En cuanto a la búsqueda de la sostenibilidad perseguida por la reforma,
la Comisión opina que si se han constatado prácticas abusivas de los servicios
sanitarios, será necesario atajarlas, pero sin negar el derecho a la salud a
personas que conviven y construyen nuestra sociedad.
La Comisión ha alertado también del aumento que esta reforma puede tener
de cara la estigmatización social de
algunos colectivos, como es el caso de las personas migrantes, dado
que son precisamente las personas migrantes quienes comprueban a diario el
aumento de las dificultades a las que se enfrentan para desarrollar una vida en
condiciones de dignidad.
En lugar de favorecer la articulación de una sociedad de acogida,
integrada y diversa, estas medidas
alimentan un discurso reduccionista y lleno de riesgos, según el cual las
personas migrantes que conviven y forman parte de nuestras comunidades son los
responsables del deterioro socioeconómico actual, en vez de
considerarlas las primeras y principales víctimas del mismo, tal y como lo
comprobamos a diario en nuestros servicios de acogida y atención.
Los miembros de la Comisión han identificado, con seria inquietud, el inicio de una dualización del sistema
sanitario, que supone ofrecer a los ciudadanos una cobertura distinta
según el grupo de población al que se pertenezca. Y señalan que de manera no
explícita se están sentando las
bases para que surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las
personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Cáritas ha
manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del
respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de
atención y asistencia socio-sanitaria en todo el territorio y para toda la
población.
La Comisión ha finalizado esta reflexión confederal
recordando la Doctrina Social de la Iglesia, en la que de un modo claro y
contundente se defiende la universalidad y la indivisibilidad de los derechos
de las personas, también el derecho a la salud. Han recordado, en este sentido,
el propio Compendio de la DSI, en el que se señala (nº 154): «Los derechos del hombre exigen ser tutelados
no sólo singularmente, sino en su conjunto: una protección parcial de ellos
equivaldría a una especie de falta de reconocimiento. Estos derechos
corresponden a las exigencias de la dignidad humana y comportan, en primer
lugar, la satisfacción de las necesidades esenciales —materiales y
espirituales— de la persona: “Tales derechos se refieren a todas las fases de
la vida y en cualquier contexto político, social, económico o cultural. Son un
conjunto unitario, orientado decididamente a la promoción de cada uno de los
aspectos del bien de la persona y de la sociedad... La promoción integral de
todas las categorías de los derechos humanos es la verdadera garantía del pleno
respeto por cada uno de los derechos” (Juan Pablo II, Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz 1999, 3). Universalidad
e indivisibilidad son las líneas distintivas de los derechos humanos: “Son dos
principios guía que exigen siempre la necesidad de arraigar los derechos
humanos en las diversas culturas, así como de profundizar en su dimensión
jurídica con el fin de asegurar su pleno respeto” (Juan Pablo II, Mensaje para la Jornada Mundial de la Paz 1998, 2)».
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